Morante y El Juli

Lo ocurrido en Málaga enciende las alarmas

El atropello cometido en el mano a mano entre Morante y El Juli  y el gran escándalo que ha provocado debe servir para que nunca más vuelva a suceder nada igual o parecido so pena de convertir la Fiesta en una pantomima  

Algunos vieron venir la antirreglamentaria celebración del supuesto enfrentamiento con seis toros precocinados y en su mayoría impresentables para una plaza de primera que, a la postre, apenas valieron para el programado triunfo. Es de suponer que los que permitieron la celebración de este antirreglamentario festejo debieron creer las promesas que los organizadores adujeron en pos del seguro éxito del evento.

Las denuncias que varias entidades de aficionados hicieron antes, no sirvieron para nada porque la Autoridad se las pasó por el forro. Pero lo peor es que, de repetirse la celebración de este tipo de eventos, viviremos el principio del fin de la Fiesta que queremos los buenos aficionados, la auténtica

Esta vez no les salió en “invento”. Ni siquiera que la prensa domesticada acudiera en masa para defender lo indefendible pese a su doloso intento de tapar el fraude. Y es que los pocos críticos independientes que también acudieron, incluidos algunos sevillanos, contaron la verdad de lo ocurrido que, además, coincidió con el intercambio de informaciones entre muchos aficionados que, unos en La Maestranza y otros en La Malagueta, se llamaron por teléfono o se comunicaron mediante WhatsApp para enterarse de lo que estaba ocurriendo. Afortunadamente, hoy en día, con la tecnología, las redes sociales e internet, no hay quien pueda tapar nada.

Desde aquí hago una llamada urgente para que, entre todos los que verdaderamente amamos a La Fiesta sin intereses particulares, logremos terminar drásticamente con esta nueva manera de organizar las corridas de toros en las que, curiosamente, varios toreros de entre los más encopetados son los que están intentando con toda clase de subterfugios – presentaciones glamurosas, campañas subliminales y conniventes opiniones de informadores supuestamente prestigiosos por la importancia de las tribunas que acumulan en prensa escrita, digital, radiofónica y televisiva – que sus actuaciones sean tomadas por ejemplares y beneficiosas, cuando en realidad son todo lo contrario.

Estas novedosas modalidades de organizar los eventos taurinos de las estrellas del toreo más relumbrantes de la actualidad salvo escasísimas excepciones, parten del fenómeno que hemos padecido y, por cierto, escasamente denunciado con las últimas comparecencias de José Tomás: Torear lo menos posible, ganando lo más posible, con el mínimo riesgo posible frente a ganado lo más fácil y menos agresivo posible. Si Tomás lo hizo contando con la incondicional aquiescencia de la mayor parte de la crítica e incluso de los aficionados que se tienen por más puristas, ¿por qué no hacer lo mismo o algo parecido?

Para colmo, quienes más lo pretenden son los que más obligados están a hacer lo que siempre distinguió a las grandes figuras de la historia. Absolutamente lo contrario de lo que manifiestan con el más notorio de los cinismos: “Hay que defender a La Fiesta, no los intereses particulares” Pues vaya manera de defenderla.

Lo más insultante es que los que intentaron homenajear a Joselito y a Belmonte en Málaga con motivo del mano a mano que tuvo lugar hace 100 años trataron subliminalmente de parangonarse con ambos, al mismo tiempo de no parar de manifestar su admiración a José Tomás. Excarnio absolutamente ridículo porque, profesionalmente, el de Galapagar es la antítesis de los protagonistas de la Edad de Oro del toreo.

Las autoridades deberían impedir radicalmente que ocurran estas cosas y los empresarios defender el lugar que les corresponde como organizadores en vez de prestarse a esta clase de enjuagues. El empresario debe comprar los toros de acuerdo a la categoría de la plaza que dirijan y en absoluto prestarse a los cambalaches de los representantes de los toreros. Y de ninguna manera ser parte interesada del engaño.

No es de chocar que hayan empezado a publicarse varias manifestaciones sobre lo ocurrido, temiendo que tales procedimientos se generalicen. Imaginen lo que habrían hecho en la Maestranza de Sevilla si los cinco amotinados hubieran conseguido que una empresa mexicana se hubiera hecho con los destinos de la plaza más prestigiosa del mundo…


Declaración de la Unión de aficionados y abonados de Sevilla

Consideramos inadmisible la actitud, permisiva y connivente de la Junta de Andalucía ante la antirreglamentaria supresión del sorteo en la corrida de toros celebrada el domingo 20 de abril, con la agravante que desde muy diversos foros se había advertido con antelación del incumplimiento que pretendían llevar a cabo el empresario y actuantes en el citado festejo.

Esta actitud solo puede entenderse desde un profundo desprecio hacia los ciudadanos cuyos intereses están obligados a defender (¡ y bien que cobran por ello!), desde la incapacidad para hacer cumplir las normas vigentes ó desde el desconocimiento de dichas normas. No quieren, no pueden o no saben, en cualquier caso: impresentables.

¿Qué inconfesables intereses obligan a saltarse las normas?¿o es pura desidia? ¿incapacidad? , ¿o absoluta incompetencia?. ¿Por qué no aplican aquí el rigor que exhiben en temas fiscales, o para cobrarnos cualquier sanción nimia?.

¿Qué respeto pueden merecer estos incompetentes funcionarios, que no cumplen ni siquiera las reglas que ellos mismos han fijado?. Evidentemente, todas sus proclamaciones de apoyo a la Fiesta no son más que hipocresía y mentiras para consumo de crédulos. ¿Tan poca autoridad y confianza en si mismos tienen que no son capaces de enfrentarse a un empresario y dos matadores?. ¿Entedemos que esta decisión ilegal y atirreglamentaria se llevará a efecto en todas las plazas andaluzas?

Nuestro apoyo a la Unión Taurina de Abonados de Málaga, que solicitó con antelación la suspensión del festejo o la obligación de sortear las reses a lidiar.

Nuestra reprobación y petición pública para que el Delegado del Gobierno de la Junta en Málaga sea cesado de inmediato por el Consejero Sr. De Llera.

De no tomar de manera urgente las medidas solicitadas, ante esta situación, entendemos como lo más coherente suspender cualquier tipo de contacto con la Junta de Andalucía, en tanto no demuestre con hechos que defiende esta Fiesta en toda su integridad y que cumple con su obligación, que no es otra que defender nuestros derechos.


El sorteo burlado (otra vez)

Luis Hurtado

Este Domingo de Resurrección de 2014, en la plaza de toros de Málaga, ante los aficionados, demás espectadores y medios de comunicación, se llevó a cabo un nuevo y premeditado atropello a la legalidad vigente. Y lo que es peor para el significado del Estado de Derecho que, según la Constitución, es España: que sus protagonistas anunciaron públicamente que lo iban a hacer y que además contaran, si nos atenemos a los antecedentes, con el beneplácito de la “autoridad”. Resulta que el cartel de la corrida prevista para la fecha se anunciaban seis toros de las ganaderías, respectivamente, de Juan Pedro Domecq, Zalduendo, Jandilla, Garcigrande, Victoriano del Río y Domingo Hernández; y se vende que Morante de la Puebla lidiaría os tres primeros, mientras que El Juli haría lo propio con los tres siguientes. Dicho de otro modo, que de antemano se sabía y se dijo sin rubor qué reses iba a lidiar cada diestro y, por tanto, que en la mañana de la corrida no se celebró el preceptivo “sorteo” que, sin excepción, ordena el Reglamento taurino de Andalucía, aprobado por Decreto 68/2006, para cuando son más de uno los toreros actuantes: “De las reses… se harán… tantos lotes como espadas deban tomar parte en la lidia, decidiéndose posteriormente mediante sorteo, el lote que corresponde lidiar a cada espada” (art. 41).

De manera que los espadas anunciados para este Domingo de Resurrección, acordándolo así con el empresario de la plaza, han creído encontrar una fórmula, un resquicio legal, para lidiar los toros previamente elegidos por ellos. El toro “a la carta”. Sin sorpresa, sin emoción, sin (tanto) riesgo, ni físico ni de fracaso, marcando el camino futuro hacia una especie de parque temático en que, de seguir así, convertirán a la Fiesta. Este nuevo fraude del Derecho (porque el año pasado y precisamente también en la Malagueta, ya se hizo lo mismo, y parece que con todo éxito –pues nadie lo impidió ni reprendió-), sólo ha tenido un responsable: la persona a la que la ley da la potestad y la responsabilidad de impedirlo, el “Presidente o Presidenta” de la corrida, que es la única “autoridad que dirige el espectáculo y garantiza el normal desarrollo del mismo… exigiendo el cumplimiento exacto de las disposiciones en la materia” (art. 18 del Reglamento); autoridad a la que, en particular, “corresponde… (y que, por tanto, “deberá”) estar presente en el sorteo”; y autoridad que puede y debe “adoptar cuantas medidas sean necesarias para el debido desarrollo del espectáculo” (arts. 19 y 41 del Reglamento), incluida la suspensión del mismo si los espadas se negaran a dicho sorteo una vez que ordene la celebración de éste.

Semejante decisión presidencial (la de sortear y, si no, suspender) por difícil que sea (ya se sabe que hay muchos intereses económicos y profesionales en juego) es, sin embargo, la única manera de que se cumpla el Reglamento. Y no colisiona ni se ve impedida por la previa autorización de la corrida dada por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, pues ésta no tiene encomendada potestad alguna de fiscalización previa de la legalidad “taurina”, sino sólo la concesión o denegación de la autorización administrativa del espectáculo (art. 15 del Reglamento), viniendo obligada a lo primero cuando se cumplan (y es de suponer que se cumplieron) los requisitos puramente administrativos en cuanto al “cartel” anunciador, esto es, que simplemente se adjunte el mismo a la solicitud y que en él se indique el “número, clase y procedencia de las reses a lidiar” y el “nombre de los espadas”, no más (art. 16 Reglamento).

Tampoco dispensan al Presidente de dar la orden de que el sorteo se haga y, en caso contrario, de suspender la corrida, los pactos que los espadas hayan podido suscribir con el empresario de la plaza, pues por mucho que éstos predeterminen, directa o indirectamente, el reparto y la asignación de las reses, por todos es sabido que son completamente nulas las cláusulas de los contratos contrarias a la ley (art. 1.255 del Código civil) y que, en cualquier caso, los toreros están obligados a lidiar las reses que el azar del sorteo les depare, aun cuando por razones justificadas no sean de las ganaderías pactadas en el contrato (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2001, entre otras).

Finalmente, tampoco es excusa para la no adopción de esas decisiones por la autoridad de la corrida el “derecho de los espectadores a recibir el espectáculo en su integridad” (art. 9 de la Ley 10/1991; art. 70 del Reglamento), porque el sorteo en ningún caso “modificará” el cartel anunciador: no habrá sustitución ni de los espadas, ni de las ganaderías (que es lo que exige el art. 70.4 del Reglamento para entender que existe tal modificación, de la que en todo caso no deriva más que la devolución del importe de las entradas). Antes al contrario, es precisamente ese derecho de los espectadores, el que asimismo exige el sorteo de las reses, pues se trata de un derecho, específicamente reconocido por la Ley, a recibir la Fiesta en toda su pureza, sin merma de los elementos esenciales que determinan su naturaleza, para la que el fraude es su constante y siempre amenazante principal enemigo. Por tanto, quedaba en manos del Presidente o Presidenta, sólo en sus manos, poner fin a estas prácticas (¿es acaso Málaga el laboratorio de un plan de alcance nacional?) contrarias a los mandatos del Reglamento andaluz (que el Gobierno de la Comunidad puede, no obstante, modificar cuando y cómo quiera), sin que le eximan de esta responsabilidad, asumida por propia voluntad cuando acepta el cargo, cualesquiera eventuales indicaciones, respuestas o sugerencias de otras “autoridades” que, a estos efectos, no son tales, pues ni tienen mando o dirección sobre el Presidente, ni competencia legal alguna para interpretar o resolver sobre el cumplimiento o incumplimiento de las normas sobre el sorteo.

Porque en el Reglamento andaluz, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia sólo recibe el cometido de nombrar al Presidente o Presidenta “para cada temporada” (art. 18); pero una vez nombrado, es ese Presidente o Presidenta a quien directamente atribuye la ley sus funciones y facultades, erigiéndose, por tanto -como dije-, en la única y máxima Autoridad de la corrida, antes, durante y después de su celebración, en todo lo que a la misma se refiera. Y, como tal Autoridad, responsable de todos sus actos y decisiones, las cuales, por cierto, son de alto riesgo (como las de cualquier autoridad o funcionario) si las toma a sabiendas de su injusticia.

J.A. del Moral

J.A. del Moral

Escritor, periodista, comentarista, crítico taurino y conferenciante. Cubre la temporada entera cada año desde hace más de 40, con más de 8000 corridas vistas.

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