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Aunque aún faltan muchos, los principales golpistas están huidos o ya en la cárcel

No queda otra

Hay un principio vital y filosófico tan sencillo como inexorable: todos los actos tienen consecuencias. Asumirlas y ser consecuentes al respecto es la parte que debe competer a cualquier persona madura que se precie de serlo. Por lo tanto, no queda otra que Jordi Turull, Marta Rovira, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa entren en prisión. No sólo por el flagrante desafío a la ley de todos ellos como parte integrante de un movimiento sedicioso que ha tratado de subvertir la legalidad vigente en España, sino también por lo que podrían hacer, ya que el riesgo de reiteración delictiva es tan flagrante que la entrada en la cárcel se hace indispensable. 

¿Alguien se cree que JxCAT y ERC van a abandonar sus aspiraciones independentistas? ¿Que estos políticos van a dejar de ahondar en ellas haciendo de Cataluña un lugar carcomido por la inseguridad jurídica? El juez Pablo Llarena hará lo correcto si finalmente decide encarcelarlos, pues la salud del Estado de Derecho no puede estar en manos de unos pirómanos de la política que o bien salen huyendo como Carles Puigdemont o bien intentan vestirse de demócratas para seguir cayendo constantemente en las veleidades secesionistas, caso del presidente del Parlament Roger Torrent, de Marta Rovira o del candidato exprés a la Generalitat Jordi Turull. 

Este último hizo de la sesión de investidura de este jueves un ejercicio de arrepentimiento más que un discurso político. No obstante, la petición de diálogo y aparente cercanía llega cuando 3.208 empresas se han tenido que ir de Cataluña, cuando sus conciudadanos pagan día a día la parálisis a la que los han condenado los independentistas. Cuando el empleo, la sanidad y otros sectores claves de la sociedad catalana —como ha apuntado con acierto Arrimadas— se ven cada vez más mermados. Por lo tanto, no queda otro camino que el que conduce a prisión. No es una cuestión de filias y fobias políticas, sino de estricto cumplimiento de la ley. La persona que la infrinja debe pagar por ello. No hay más.

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